Esta mañana, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, junto a la superintendenta de Educación (s), Marggie Muñoz, y la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio, dieron a conocer una serie de orientaciones dirigidas a padres, madres y apoderados/as para la compra de útiles, textos y uniformes escolares.
Las autoridades enfatizaron en que los establecimientos deben resguardar el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes, y garantizar que ningún estudiante quede fuera de la sala de clases por falta de alguno de estos insumos.
“Hacemos un llamado a apoderados y cuidadores a informarse sobre la normativa y saber que el Estado determina y fiscaliza las exigencias que puedan hacer los establecimientos educacionales en esta materia”, señaló el ministro Cataldo quien, además, pidió a los sostenedores de establecimientos “solicitar sólo los materiales estrictamente necesarios para las actividades pedagógicas, especialmente en las zonas afectadas por los incendios forestales”.
“En cuanto a los útiles escolares, no se deben exigir marcas específicas, esto es un tema central. Acá lo importante es que las familias puedan acceder a garantizar el derecho a la educación, que es lo que a nosotros más nos importa. Un estudiante no puede ser privado de su derecho a ser educado por no tener el texto escolar o por no tener las herramientas de una determinada marca, o por no contar con el uniforme escolar de la forma en que se pide o exige”, sostuvo el secretario de Estado.
Respecto a este último tema, el ministro Cataldo planteó que “en cualquier caso, el uso de uniforme escolar obligatorio debe tener una debida proporcionalidad, considerando obviamente la situación socioeconómica y los ingresos de las familias que pertenecen a esa comunidad educativa”.
Por otro lado, actualmente el Mineduc está en la etapa de distribución masiva y gratuita de más de 17 millones de textos escolares, que llegarán directamente a los establecimientos públicos y particulares subvencionados que los hayan solicitado, que son cerca de 10 mil, beneficiando a 3,1 millones de estudiantes.
En este sentido, si bien un establecimiento puede rechazar los textos de Mineduc, si se solicita un texto adicional o complementario, la adquisición de este es voluntaria.
En el caso de las instituciones particulares pagadas, la recomendación es transparentar la elección de los materiales pedagógicos, a fin de entregar tranquilidad a las familias.
Caída de denuncias
Desde la Superintendencia de Educación informaron que las cifras de denuncias relacionadas a textos, útiles y uniformes escolares han ido disminuyendo durante los últimos años, lo que, a juicio de Marggie Muñoz “demuestra que tanto los establecimientos como las comunidades educativas conocen y respetan cada vez más la normativa educacional”.
La superintendenta (s) detalló que, entre 2015 y 2023 este tipo denuncias bajaron en un 39% en Chile y que representan un 0,4% de las denuncias que la institución recibió durante el año 2023.
“Hace algún tiempo estábamos acostumbrados a que cuando faltaba el uniforme, faltaba un texto o un material educativo, los establecimientos devolvían a los estudiantes a la casa. Hoy eso no sucede y no solo porque se pone en riesgo la integridad física de niñas, niños y adolescentes, sino porque la ciudadanía ha comprendido la importancia del derecho a la educación, que debe prevalecer por sobre todas las cosas y que no se puede ver interrumpido porque no tiene un texto, un material o porque no viste el uniforme”, planteó la superintendenta (s) de Educación.
A lo anterior, la superintendenta (s) agregó un llamado “para que en este inicio del año escolar las comunidades conversen y dialoguen respecto a sus reglamentos internos, que puedan adecuar esos reglamentos a la realidad socioeconómica de las familias y que generen canales de comunicación fluidos para que cualquier divergencia se pueda conversar y solucionar”.
Marggie Muñoz recalcó que, si las familias detectan incumplimientos a la normativa educacional respecto a estos temas, pueden acercarse a los establecimientos educacionales para resolverlo y si se mantiene la controversia pueden solicitar una mediación ante la Superintendencia, pedir orientación en el fono 600 3600 390 o realizar una denuncia en sus oficinas regionales o a través del sitio www.supereduc.cl.