En la región de Tarapacá, se han derivado 27 casos al proceso de mediación penal juvenil, un sistema que forma parte de la Justicia Restaurativa y que considera tanto a la víctima como al victimario como sujetos de derecho. Este enfoque permite que ambos asuman un rol activo en la solución del conflicto.
Con el objetivo de revisar y evaluar la implementación de la mediación penal como alternativa de resolución de conflictos en casos que involucran a adolescentes, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Pablo Valenzuela, y la directora regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil (SRJ), Liliana Romero, han constituido la Mesa Regional de Mediación Penal Juvenil en Tarapacá.
La mesa, que se reunirá trimestralmente, incluye a representantes del Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y la magistratura especializada en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. El propósito es analizar las condiciones establecidas en el protocolo para la derivación de casos a mediación penal juvenil.
En la sesión inaugural, el mediador regional del SRJ Tarapacá, abogado Oscar Arqueros, destacó la importancia de la “justicia restaurativa”. Este sistema, piedra angular de la responsabilidad penal adolescente, se basa en que “el o la joven se responsabilice por sus acciones y comprenda las consecuencias de las mismas, junto con propiciar la reparación simbólica o material del daño causado a la víctima, y reestablecer el vínculo con el orden social y la confianza en la comunidad”.
Liliana Romero, directora regional del SRJ Tarapacá, destacó la mediación penal juvenil como una herramienta innovadora para la resolución de conflictos, que evita la judicialización de los casos y facilita la reinserción social juvenil. Romero explicó que lo más relevante es que tanto la víctima como el victimario son considerados sujetos de derecho, asumiendo un rol en la solución del conflicto. “Hemos avanzado enormemente en facilitar esta alternativa como solución directa en diversos casos, gracias al apoyo y compromiso de los distintos actores involucrados, tanto de la fiscalía, defensoría, como de la magistratura”, afirmó.
Romero detalló que en la región se han derivado 27 causas para el proceso de mediación penal juvenil: 15 corresponden a casos de la Fiscalía Local de Alto Hospicio, 6 a la Fiscalía Local Iquique, 3 al Tribunal de Garantía Iquique, y 3 al Tribunal de Letras y Garantía de Alto Hospicio.
Tras un análisis del trabajo desarrollado, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Pablo Valenzuela, señaló que la mediación penal juvenil puede ser una medida óptima para resolver conflictos relacionados con violencia escolar y faltas a la ley 20.000 en establecimientos educacionales. Valenzuela anunció que se iniciará un trabajo programado y coordinado con otras instituciones a nivel regional para abordar estos temas.
La constitución de esta mesa regional marca un paso significativo hacia la adopción de métodos alternativos de resolución de conflictos, promoviendo la responsabilidad y la reinserción social de los adolescentes involucrados en delitos, y fortaleciendo la confianza de la comunidad en el sistema de justicia.