Chile no necesita más promesas: Necesita límites y un nuevo pacto de decencia en el ejercicio del poder.
Por eso, hoy presentamos este Pacto Antiprivilegios: Servir, no ser servido, una propuesta concreta para acabar con los abusos, excesos y ventajas que se han naturalizado en la política chilena. No es solo un programa: es un compromiso público, ético y transparente, que debe marcar el estándar mínimo de un nuevo tiempo.
Este pacto no es sobre ideologías ni colores políticos. Se trata de algo más profundo: recuperar la dignidad del servicio público y volver a poner al Estado al servicio de las personas, no de las élites ni de los operadores políticos.
Por eso, invitamos a todos los candidatos y candidatas a la Presidencia de la República, en primer lugar a los que conforman la primaria oficialista, a firmar este pacto. Aquí no hay letra chica ni promesas vagas. Cada punto está pensado para que el poder deje de ser privilegio y vuelva a ser responsabilidad, estoy seguro que todos y todas estaremos de acuerdo, y quién no, lo invito a debatir por qué.
I.- Austeridad y Eliminación de privilegios de los Funcionarios públicos de alto rango: Implementaremos una austeridad real, eliminando los privilegios y gastos innecesarios en el gobierno. El dinero del Estado no está para premiar al poder, sino para garantizar derechos: Se trata de servir, no de ser servidos.
Medidas:
Se reducirá a la mitad el sueldo del Presidente de la República y de todos los altos funcionarios del Estado, fijando un máximo de 4,5 millones de pesos mensuales. Ningún funcionario público podrá recibir un sueldo, bono o compensación superior al del Presidente. Esta medida marcará el techo salarial del Estado y pondrá fin a los privilegios salariales en la alta administración pública. El dinero ahorrado se destinará a servicios esenciales como salud, pensiones y educación.
Se eliminarán las pensiones vitalicias a expresidentes. Solo podrán recibir apoyo estatal durante los 4 años posteriores al fin de su mandato, período suficiente para asegurar una transición ordenada, retomar su vida laboral y mantener independencia el gobierno posterior. La Presidencia de la República no debe ser remunerada de por vida: es un servicio temporal a la patria, no un privilegio permanente ni un título nobiliario. Esta medida busca alinear los beneficios de los más altos cargos con los principios de justicia y austeridad republicana. En un país donde millones sobreviven con pensiones bajo la línea de la pobreza, es indigno que existan pensiones doradas para quienes tuvieron el honor de gobernar.
Se establecerán códigos de conducta estrictos para cargos directivos y de asesoría de alto rango. Se prohibirá que existan relaciones jerárquicas laborales entre personas que mantengan una relación sentimental, afectiva o de convivencia, obligando a declarar dichas situaciones al momento de asumir el cargo o durante el mismo. Asimismo, se limitará que estos funcionarios realicen actividades incompatibles con su rol, incluso fuera del horario laboral, como ofrecer asesorías privadas a empresas vinculadas al Estado, participar en lobby o usar su cargo para obtener beneficios particulares. No más redes de poder disfrazadas de relaciones privadas: La ética pública debe ser la misma dentro y fuera de la oficina.
Se establecerá una cuarentena ética obligatoria de 2 años para ex ministros de carteras estratégicas como Hacienda, Economía, Trabajo y Previsión, entre otras. Durante este período, no podrán aceptar cargos, asesorías ni vínculos contractuales con bancos, organismos internacionales, empresas o instituciones cuyo ámbito haya estado bajo su regulación directa o indirecta. A cambio, recibirán una renta de inhabilidad equivalente a su última remuneración, por el mismo período, como garantía para preservar su independencia y evitar conflictos de interés post-mandato. Quién fue mandatado para regular las AFPs, no puede terminar al otro día sentado en el directorio de una AFP.
Las residencias oficiales, comenzando por Cerro Castillo, dejarán de ser espacios exclusivos para el ocio y las fiestas de la élite política. Serán transformadas en centros públicos para las artes, la educación y la cultura, abiertos a la ciudadanía. Estos lugares, mantenidos por todos, deben ser disfrutados por todos. No más asados privados con vista al mar pagados por el pueblo; que la vista y el espacio sean de todos los chilenos. La cultura ocupará el lugar del privilegio.
Los funcionarios públicos de nivel directivo y de confianza deberán movilizarse, por regla general, en transporte público o vehículos particulares sin escolta, salvo cuando existan razones fundadas de seguridad o velocidad. Se fiscalizará estrictamente la prohibición del uso de autos fiscales y chofer para desplazamientos personales, y se exigirá el respeto irrestricto de las normas de tránsito, incluyendo semáforos y zonas exclusivas. El poder no otorga privilegios sobre la ley ni sobre la ciudad.
Se prohibirá expresamente la contratación en cargos de alta responsabilidad del Estado (ministros, subsecretarios, jefaturas de gabinete, directivos de servicios) de familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Esta medida busca poner fin al nepotismo y a la llamada pitutocracia familiar y partidaria que ha dañado la confianza ciudadana. Las contrataciones de confianza deberán cumplir con criterios de idoneidad profesional, y las relaciones de parentesco o convivencia deberán ser declaradas públicamente. El Estado no será una agencia de empleo familiar ni de favores partidistas.
Se prohibirá la compra de vehículos nuevos y dispositivos tecnológicos de alta gama que no sean indispensables para el cumplimiento de funciones. Esto incluye tablets, teléfonos y computadores de última generación adquiridos sin criterios de necesidad, eficiencia o reutilización. Todo gasto en equipamiento deberá justificarse técnica y públicamente. El Estado no es una vitrina de consumo, es una herramienta al servicio de la ciudadanía. Tecnología sí, lujo no.
II. Mandamiento de Honestidad y Legalidad
Ningún funcionario público estará de nuevo por sobre la ley ni podrá beneficiarse personalmente del poder que le ha sido confiado. Gobernar es servir, no ser servido.
Medidas:
Prohibición total de regalos y beneficios indebidos: Ningún funcionario podrá aceptar regalos, favores, invitaciones o beneficios personales por razón de su cargo. Todo objeto entregado en calidad de representante del Estado será registrado y traspasado a una unidad pública encargada de su custodia y eventual uso institucional o comunitario.
Inhabilidad por conflictos de interés: Se establecerá una prohibición estricta de vínculos contractuales, familiares, económicos o afectivos con empresas, proveedores o contratistas del Estado. Los funcionarios estarán obligados a declarar preventivamente cualquier situación de posible conflicto, y a
abstenerse de participar en decisiones donde exista riesgo de interés personal o cruzado.
Declaraciones patrimoniales públicas y obligatorias: Todos los altos funcionarios del Estado —incluido el Presidente— deberán declarar anualmente su patrimonio, el de su cónyuge y familiares directos, con acceso público y trazabilidad. Esta información será publicada en una plataforma nacional de transparencia fiscal y revisada por una entidad independiente.