En una sesión extraordinaria del Consejo Regional Contra el Crimen Organizado de Tarapacá, el delegado presidencial regional, Daniel Quinteros, reafirmó el compromiso del gobierno para mejorar la seguridad en la región a través del fortalecimiento de recursos y políticas. En sus palabras, «hemos presentado un presupuesto que busca aumentar los recursos para poder financiar políticas como estas, que permiten entregar más seguridad a todos los chilenos y chilenas». Este anuncio se dio en el contexto de la quinta sesión del consejo, la cual contó con la participación del diputado Matías Ramírez y diversos representantes de instituciones clave.
Quinteros destacó que el consejo es «parte de la primera política nacional que el gobierno del Presidente Gabriel Boric ha dispuesto para enfrentar los nuevos fenómenos criminales». La sesión también tuvo como objetivo informar a los parlamentarios sobre las acciones emprendidas para reforzar los equipos y tecnologías que forman parte de este esfuerzo interinstitucional en contra del crimen organizado. “Seguiremos trabajando con el mismo compromiso, la misma convicción para poder desplegar distintas líneas de control, distintos operativos y mejorar la capacidad de investigación y persecución penal del conjunto de instituciones del Estado”, aseguró.
Por su parte, el diputado Matías Ramírez subrayó la importancia de estos consejos en la coordinación entre servicios de seguridad y fiscalización. Explicó que el financiamiento especial otorgado en años anteriores al plan contra el crimen organizado ha permitido cerrar brechas en temas de equipamiento e infraestructura, lo cual ha incidido positivamente en la reducción de delitos de alta connotación en la región de Tarapacá. “Esperamos que este año, en la Ley de Presupuesto, se logre consolidar esa línea de financiamiento”, afirmó Ramírez, valorando el impacto positivo de estos recursos.
En la sesión estuvieron presentes representantes de diversas instituciones, entre las que se cuentan el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros de Chile, la Gobernación Marítima, el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Dirección Regional de Aduanas, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), y el Servicio de Registro Civil e Identificación. La colaboración de estos organismos es clave para enfrentar el crimen organizado de manera integral y con estrategias específicas que permitan abordar las distintas aristas de esta problemática.
El aumento de recursos y la implementación de una política nacional para el combate del crimen organizado reflejan el compromiso del gobierno para mejorar la seguridad y reducir el impacto delictivo en las comunidades de Tarapacá. La iniciativa, que se enmarca en la política de seguridad del gobierno de Gabriel Boric, busca dar respuesta a las preocupaciones ciudadanas frente a los fenómenos criminales, mediante el uso de tecnología avanzada y la cooperación interinstitucional, con miras a construir una región más segura y protegida.